Comentario

La población colombiana creció espectacularmente entre 1870 y 1928, pasando de 3 millones a 7.200.000, en un proceso similar al auge económico que vivía el país. Las exportaciones, especialmente las de tabaco y quina, atravesaron a mediados de la década del 80 una dificil coyuntura y provocaron, en 1885, el fin del régimen liberal. En este caso, la reactivación exportadora no vino de la minería, sino del relanzamiento de la producción cafetalera. Si bien el capital extranjero se hizo presente, tanto la producción como la comercialización del producto permanecieron en manos colombianas. Los cultivos se extendieron desde Santander hasta Cundinamarca y Tolima y por el Oeste en dirección a Antioquía y Caldas. La expansión en las tierras templadas provocó importantes migraciones internas y la generación de miles de nuevos empleos. La red ferroviaria se amplió y pasó de 200 kilómetros en 1885, a 901 en 1909, 1.480 en 1922 y 3.262 en 1934.
El crecimiento económico estimuló a su vez el crecimiento urbano, al punto que en 1928 Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín superaron los 100.000 habitantes. Esto supuso un incremento de los sectores medios y en menor medida del proletariado, gracias a la expansión industrial, centrada en la producción de bienes de consumo, como textiles, alimentos o bebidas. El desarrollo de instituciones gremiales o políticas que defendieran a los trabajadores o que adoptaron posturas de izquierda fue escaso, debido al papel jugado por el Partido Liberal, que seguía siendo el principal referente político para el artesanado urbano.

La conversión política del presidente Rafael Núñez le permitió al conservadurismo dotarse de un programa y de un líder. Apoyados en la Constitución de 1886, los conservadores pudieron mantenerse en el poder hasta 1930. La nueva Constitución, a través del voto cualificado y de elecciones indirectas, restauraba el poder del gobierno central y vaciaba de contenido a los gobiernos locales. Los estados se convirtieron en departamentos, sus autoridades eran de libre designación presidencial y a su vez los alcaldes eran nombrados por los gobernadores. También se cumplieron otras reivindicaciones de los conservadores, como la declaración del catolicismo religión nacional o la eliminación de la libertad de prensa y la instauración de la censura previa. El control de la maquinaria electoral, por la labor de la iglesia y de los funcionarios gubernamentales, permitió a los conservadores consolidar su presencia en la vida institucional, a la vez que marginaban a los liberales. Estas prácticas originaron un conjunto de denuncias basadas en el fraude electoral y la represión que enrarecían el clima político, aunque generalmente se trataba de exageraciones magnificadas por los políticos y los historiadores que recogieron esos testimonios.

El estallido de "la guerra de los 1.000 días", de 1899 a 1902, una de las más salvajes y sangrientas guerras civiles de toda América Latina, con miles de víctimas y enormes pérdidas económicas y financieras, agravadas por el descenso en los precios internacionales del café, evidenció las contradicciones y limitaciones del régimen. Finalizada la guerra se volvió a vivir un período de estabilidad, favorecido por la compartimentación regional, el peso de la población rural y la existencia de otras ciudades capaces de competir con Bogotá. La tragedia de la guerra se incrementó con la pérdida de Panamá, que se convirtió en un país independiente.

En 1904, el presidente José Manuel Marroquín fue sucedido por el general Rafael Reyes (1904-1909), de marcadas influencias positivistas, quien gobernó de un modo dictatorial, aunque dio cabida en su administración a destacados miembros de la oposición. La máxima aspiración de Reyes era, como señala Malcom Deas, convertirse en el Porfirio Díaz colombiano, a través de una gestión modernizadora y eficiente. Tras su partida y un nuevo cambio en las reglas que regulaban la presidencia (se pasaba nuevamente a períodos de cuatro años en lugar de seis, se prohibía la reelección y se realizaban elecciones directas), el líder de la Unión Republicana, Carlos Restrepo, fue elegido presidente. Hasta 1930 las elecciones se realizaron cada cuatro años y gracias al control del aparato electoral y, en menor medida al fraude, los conservadores se mantuvieron en el poder. Recién en este último año los liberales, encabezados por Enrique Olaya Herrera, pudieron ganar las elecciones.